Según Ernesto Eduardo
Contreras Muñoz
Licenciado en Antropología Social
La consecuencia
panregional de los procesos agrarios del noroeste argentino, fue que comuneros
de Rinconada, Santa Catalina y Susques, junto con puneños de las estancias de
Tinte y de Puesto Grande, presumiblemente debido a que las tierras de pastoreo
ya no alcanzaban para todos, y producto de la atracción que significaba el
floreciente negocio de la llareta y del azufre, demandados entre 1915 y 1955
por el Mineral de Chuquicamata, emigraron ya en pleno siglo XX, a los
territorios de Machuca y Río Grande ubicados en territorio chileno.
En efecto, la
yareta (Azorella compacta), planta de cojín que crece sobre los 4.000 m.s.n.m.,
reconocida por sus excepcionales propiedades calóricas, fue utilizada como
combustible en la fundición de Chuquicamata y para uso doméstico en el
campamento minero, para lo que se instaló una muy bien estructurada red para su
explotación y distribución (ARMESTO et al, 1983). Por otro lado, el proceso de
refinamiento del concentrado de cobre requería de ácido sulfúrico, el que hasta
fechas recientes era procesado a partir del azufre extraído desde los
abundantes yacimientos de la zona de Ollagüe, Toconce y del sector alto andino
comprendido entre San Pedro de Atacama y el Tatio.
Los relatos de la
historia oral de Machuca vinculan el negocio minero en Chuquicamata con una de
las principales oleadas de inmigrantes producidas entre 1910 y 1915. Es así
como M. C. (53 años, sexo masculino, nacido en Machuca) nos relata cómo la
línea paterna de sus antepasados en Machuca se funda precisamente en aquella
época por el argentino Manuel Colque originario de Mina Pirquitas y su señora
Concepciona Cruz, proveniente de Quetena. Por otro lado, en la misma época
mencionada, el señor Tomás Tinte Flores originario de Cochinoca, Argentina y
la señora Andrea Vilca, originaria de Guatín, Chile, forman la línea materna de
su familia.
Otro informante,
A.C, (55 años, sexo masculino, nacido en Machuca) nos informa que “por
necesidad se vinieron desde Argentina y Bolivia las familias Mendoza, Choque,
Cruz, Tinte y Lique... hasta las azufreras y yareteras... A lomo de animal
transportaban el azufre desde Putana a Chuqui”.
Para 1920 ya
existía un muy bien montado sistema de extracción, transporte y
comercialización de los recursos obtenidos en las laderas de la Cordillera de
Los Andes, que dio por resultado además de la inmigración mencionada, la
instalación de una intrincada red de caminos y de guarniciones de Carabineros,
que produjo consecuencias dignas de una etnografía más detallada.
En efecto, en
octubre de 1941, fue promulgado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, el
Decreto Supremo Nº 1427, que vino a reglamentar la explotación y transporte de
la yareta por caminos públicos y terrenos fiscales de la antigua Provincia de
Antofagasta.
Dentro de las
medidas administrativas tomadas para la aplicación de dicho reglamento, se
incluyó la habilitación del retén de Carabineros de Tocorpuri, para controlar
el cumplimiento de las exigencias contempladas para la explotación del recurso
yareta , que era transportada desde la zona de El Tatio y desde los alrededores
de Machuca hacia la faena minera de Chuquicamata y para custodiar que dichas
faenas no afectaran la actividad ganadera de los “llameros indigentes”, como
eran referidos los pastores inmigrantes en el decreto firmado por el Presidente
de Chile.
Los relatos de la
historia oral del sector refieren una feria de acopio en la Estación de San
Pedro, en el Rio Loa, hasta donde concurrían los machuqueños a entregar sus
cargas de llareta a lomo de burro, para ser transbordarla al ferrocarril a
Chuquicamata. De alguna forma el tipo de intercambio y pago de pulpería quedó
plasmada en la festividad ritual del 25 de Julio en Machuca, el que invitamos a
estudiar.
A pesar de que ya
en 1899, los poblados de Machuca y Río Grande se encontraban señalados como estancias
de pastores en el Diccionario Geográfico de la República de Chile y en 1907
estaban referenciados en el Mapa de la Comisión Chilena de Límites (RISOPATRÓN,
1924), estos no se encontraban reseñados en los censos coloniales y
republicanos anteriores a esas fechas.
Fotografía tomada el 25
de Julio para la celebración del ritual de San Santiago en Machuca. Se puede
apreciar los hombres de casco en el calvario representando el de pie a la ley y
el orden, con una ’metralleta de palo’ en la mano y el cajero sentado pagando
en trozos de cerámica…… En la puerta exterior del patio hay dos guardias
‘armados’ controlando el paso en esta ritualización de eventos que marcaron la
vida comunitaria a tal punto que son recreados año a año para esta singular
celebración.
Suponemos que los
primeros pobladores que habían ocupado Machuca con anterioridad a las
migraciones masivas producidas en 1915 habían llegado allí huyendo de la
represión posterior a las revueltas de 1875. Lo concreto es que la historia
oral de los comuneros de Machuca recuerda cómo los inmigrantes de la oleada
masiva de 1915 inscriben en 1916 las tierras comunitarias.
En efecto en 1916,
se inscribe en el conservador de Bienes raíces de Antofagasta un título de
propiedad sobre una superficie de 26.000 Hectáreas, bajo el nombre de campo de
Pastoreo de Machuca que corresponde al territorio indígena de Machuca. En el
mismo año se inscriben en el mismo Conservador de Bienes Raíces de Calama,
46.000 hectáreas en favor de la comunidad de Santiago de Río Grande. El
floreciente negocio de la yareta, el influjo de las oleadas migratorias y el
pregón del título de mayor cabida a nombre del fisco de Chile, son los factores
que se combinan en esta temprana inscripción comunitaria.
En esta fotografía del
interior de la Iglesia del poblado de Machuca se puede apreciar la fecha de
construcción del altar que data de 1933, mientras que las piedras talladas del
piso de la entrada esta grabada la fecha 1923, año recordado por la
construcción de la loza de la Iglesia.
Para redondear
este aporte a los antecedentes de la constitución de propiedad en Machuca y Río
Grande, los relatos de la historia oral de Río Grande recuerdan que la
inmigración de un importante número de familias provenientes del noroeste
argentino hacia la quebrada de Río Grande fue fomentada por la demanda de
productos agrícolas y ganaderos y la demanda por fuerza de trabajo por parte de
la mina de cobre de San Bartolo ubicada en sus inmediaciones. Este hecho
refleja, a nuestro entender la lógica de región transfronteriza, que subyace a
los movimientos demográficos en la Puna de Atacama.
Los relatos de
historia oral recopilados en Machuca referencian también que, en la década de
1960, el título de propiedad comunitario adquiere deudas tributarias, de las
que los comuneros son eximidos en virtud de la Ley de Reforma Agraria. Este
derecho adquirido, es revocado en mayo de 1979 mediante la promulgación del
Decreto Ley N° 2568 de la Junta Militar, que además vino a derogar los derechos
conferidos a los comuneros indígenas por la Ley Indígena N°17.729 de 1972. Esta
situación llevó nuevamente a la propiedad de Machuca a tener deudas
tributarias, lo que condujo en 1993 al “proceso de remate de la propiedad”, el
que fue salvado en el mismo año por la entrada en vigencia de la Ley Indígena
19.253, que eximió, nuevamente, del pago de contribuciones a las tierras
indígenas.
La conciencia de
la lucha dada por la restitución de las tierras comunitarias en la zona
septentrional de la puna, entre 1872 y 1915, fue uno de los factores que
fomentó la búsqueda de protección jurídica que los comuneros inmigrantes de
Machuca y Río Grande dieron a sus tierras comunitarias en 1916. Este hecho
implicó la apropiación y uso de estrategias propias de la ideología y de las
instituciones hegemónicas. Este hecho distingue a las comunidades de Machuca y
Río Grande, con respecto al resto de las comunidades atacameñas de la Provincia
de El Loa, que no inscribieron derechos de propiedad comunitarios sino hasta
que el Estado de Chile comenzó a aplicar en 1994 los preceptos contenidos en la
Ley Indígena N° 19.253 de 1993.
“Con las excepciones
del título de propiedad inscrito en 1932 a favor de la comunidad de Ayquina y
la inscripción de Don Sacramento Panire del Ojo de Agua de Turi para la misma
comunidad en 1907 (Ver Aldunate 1885”
La mantención de los
lazos transfronterizos
Los machuqueños
mantienen hoy fuertes lazos con las comunidades puneñas del borde oriental de
la Puna de Atacama, privilegiando el compadrazgo con parientes que quedaron en
los lugares de origen de sus antepasados.
Los relatos de la historia oral de Machuca refieren este
compadrazgo característico, a la manera de la institución estudiada en la
vertiente argentina por Göbel (GÖBEL, 1998) y de la referida para la vertiente
del Salado por Castro.
"Teodoro Esquivel nacido
en Quetena, radicado más tarde en Susques por matrimonio, llegó a Chile como
burrero. Ángel le pidió la bendición para su hija Estercita Colque Tito, […] el
señor Teodoro la bendijo por lo que los une una relación de agradecimiento…
dejó ocho de sus burros a cargo del cuidado de Estercita para su hacienda
futura (M.C., 53 años, masculino, originario de Machuca)"
Ángel Colque, a quien se refiere el relato
anterior es uno de los comuneros de Machuca “que más ha recorrido el mundo”, él
también tiene llamos en Susques producto de otro apadrinaje:
"Cuando joven trabajé en
los lavaderos de oro de las tierras de mis parientes en Orailina [al sur de
Rosario]. Cuando fui de visita, su comadre Teófila pidió bendición para su hija
Mireya Berna Esquivel. Acepté y le dejé once de los llamos, cinco para su
hacienda y seis al partir (A.C., 55 años, masculino, originario de Machuca)"
Las soberanías y los
pobladores de la Puna de Atacama.
Según el geógrafo
canadiense Isaiah Bowman, los indígenas de la Puna de Atacama conservaban en
1913 un grado de autonomía comunitaria que les permitía la mantención de sus
prácticas culturales. Desde el punto de vista de los indios la no intervención
del gobierno en las costumbres locales es una gran ventaja. Los indios gozan de
un alto grado de independencia y aislamiento, y a este respecto su vida se ha
visto muy poco alterada en sus condiciones en los últimos cuatro siglos
(BOWMAN, 1941:291).
Esta situación
coincide con lo señalado por Alejandro Benedetti, quien establece que los
informes de los exploradores y científicos contratados por el gobierno federal
insistían en el escaso valor de los recursos del “Territorio Nacional de Los
Andes” (BENEDETTI, 2002). Aquel fue el imaginario que también prevaleció
durante el ejercicio de soberanía nacional por parte de Bolivia y Chile antes
de 1900.
La historia de la
constitución de los estados nacionales latinoamericanos durante todo el S. XIX,
estuvo en distintos grados subordinada a los intereses de las potencias
europeas y norteamericanas en lo que Gabriel Salazar denomina “imperialismo nor-atlántico”
(SALAZAR, 2003), a través de la acción e intereses de sociedades secretas y los
intereses de las casas comerciales protegidas por el orden colonial de enclave.
Por lo tanto, no nos extraña que los representantes diplomáticos de las
potencias hayan sido activos comerciantes, como tampoco que las funciones del
Estado en territorios extremos como el de Atacama, se hayan también delegado a
funcionarios-comerciantes (GUNDERMANN, 2002 Ms, MADRAZO 2001).
En la Puna de
Atacama, los intereses de negocios mineros, comerciales y de transporte
ferroviario tuvieron acento norteamericano, tras el abandono del ‘interior’
producto de la fiebre salitrera que tenía ocupado a los empresarios ingleses y
chilenos y al Estado de Chile en la mantención del orden y contención de la
masa obrera.
Aunque en 1883,
los actos de soberanía chilena sobre la Puna de Atacama quedan establecidos con
la instalación de un batallón de fronteras en Antofagasta de la Sierra, el que
según Bertrand, cumplía la función de barrera sanitaria ante el brote de cólera
en el noroeste argentino (BERTRAND, 1885), pero por sobre todo , por el nombramiento
de inspectores para los distritos de la Novena Subdelegación de San Pedro de
Atacama del Departamento de Antofagasta, decretado por el Comandante de Armas
de San Pedro de Atacama Don Pedro Cortez. Los distritos incluidos en este
Decreto administrativo son: Condeduque, Solcol, Solo, Sequitor, Toconao,
Quetena, Rosario, Susques, Pastos Grandes, Catua, Antofagasta de la Sierra,
Socaire y Peine.
Cabe mencionar que
la revisión de diversas fuentes entre las que podemos mencionar a Bertrand
(BERTRAND, 1885), Espinoza (ESPINOZA, 1928), Piñero (PIÑERO, 1937), tienden a
señalar una constante disputa jurisdiccional entre intereses argentinos,
chilenos y bolivianos sobre la Puna de Atacama durante la Posguerra del
Pacífico, la que se verá resuelta recién en 1899, con el Laudo Arbitral sobre
la Puna de Atacama. Estas arremetidas soberanas de los tres países mencionados,
y el cobro de impuestos, sin duda ponían en jaque a las comunidades puneñas de
aquella comarca fronteriza, como bien lo relata Sanhueza (SANHUEZA, 2001).
Luego del laudo
arbitral norteamericano de 1899 se constituye, el Territorio Argentino de Los
Andes que abarca casi tres cuartas partes de la Puna de Atacama oriental. Se
reparten 20.000 kms 2 de aquel territorio para Chile y 80.000 kms 2 para
Argentina. Antes, se había definido el paralelo 23 como el límite sur de
Bolivia, habiéndose adelantado la segregación del territorio de la Puna de
Atacama y su población, al dejar a las Comunidades de Quetena en Territorio
Boliviano.
El proceso llevado
a cabo en Argentina para incorporar a las poblaciones indígenas puneñas al
ideario nacional argentino fue un proceso marcado en sus inicios por una enorme
resistencia de los indígenas que habían sido separados de su matriz
territorial. E. Boman (BOMAN, 1991, Vol. II: 435), nos informa que la bandera
argentina fue quemada en Susques y cómo el primer gobernador argentino del
territorio Nacional de los Andes fue expulsado de la localidad. Esta situación
se corresponde con lo planteado por M. Sanhueza (SANHUEZA, 2003 Ms.) en el
sentido de que algunos años antes el alcalde de Susques solicita los sellos de
la República de Chile para asegurar el vínculo con la chilenidad, de todas maneras,
favorable, debido a que en Argentina existía el pago de arriendos a los
‘abusivos’ hacendados terratenientes.
“José Antonio González
Pizarro, en su libro “El Catolicismo en el Desierto de Atacama”, gráfica la
acción de las guarniciones militares y de los capellanes castrenses en los
pueblos mineros del “despoblado”, para imponer la misión que suponía la alianza
del Estado Chileno y la Iglesia Católica, Págs. 53-65. Cabe recordar que
formalmente, esta alianza se mantuvo hasta 1925, cuando la Iglesia Católica
dejó de formalmente de ser parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto”
De hecho, G. Paz
en su estudio sobre Tierra y Resistencia Campesina en la Puna 1875- 1910, da
cuenta cómo los comuneros de Yavi y Cochinoca amenazan a las autoridades con
“despatriarnos del suelo argentino i á cojernos al que nos sea de alguna forma
ventajosa y libre” (PAZ, 1993:216-218).
La Génesis de la
Emigración
En la zona de
origen de los antepasados de Machuca (Casabindo, Cochinoca, Rinconada), desde
años antes de la emigración, la contribución mobiliar implantada en 1863 era el
principal impuesto que recaía sobre los indígenas de la puna septentrional.
Este gravaba con un 5% las crías de los ganados y los frutos de las cosechas
valuados anualmente por el gobierno (PAZ, 1994:211).
"El arriendo era la
principal carga que debían soportar los campesinos de la puna […] Como ocupantes
precarios de tierras ajenas pagaban año a año un canon, el arriendo, fijado por
el propietario de la finca según la cantidad de ganado y cultivos del
arrendatario tuviera al momento del recuento. Además de esta renta, que se
pagaba normalmente en dinero y en ocasiones en especie, el propietario podía
exigirles una contribución en trabajo de aproximadamente dos semanas al año
(PAZ, 1994:211)"
Esta base de poder
permitía a la elite local ejercer sobre el campesinado puneño una violencia que
se hacía más evidente en los momentos de la recaudación de impuestos y
arriendos, cuando la elite cometía abusos que eran frecuentemente denunciados
por los campesinos a las más altas autoridades. (PAZ, 1994:212)
Antes de la guerra
del salitre (1879-1883), la Puna de Atacama correspondía al territorio
jurisdiccional boliviano. En aquel período se mantenían los impuestos
coloniales o indigenales. Tanto era el interés que existía por el negocio de la
lana asociado a la producción ganadera de camélidos en la Puna, que el propio
Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia entre 1865 y 1871, adquirió los títulos
sobre las tierras comunales de los indígenas de la Puna de Atacama en Pastos
Grandes, Antofagasta de la Sierra y San Antonio en lo que se denominó la Finca
de San Antonio (Bowman, 1941:313).
Relatos del siglo
XIX señalan que desalojado el poder español del Alto Perú, el entero
Corregimiento de Atacama se incorporó espontáneamente a la Provincia de Salta
en el año 1816, quedando bajo soberanía argentina hasta 1825, año en que el
General boliviano Guillermo Miller hizo expulsar al Subdelegado de Salta,
quedando Bolivia en posesión del territorio de la que desde entonces sería la
Provincia de la Mar. Aquella situación coincidía con el término de la guerra
por la independencia de Bolivia y se mantuvo hasta 1879 (DELGADO, 2003).
Durante ese
período las poblaciones puneñas de Atacama la Alta: Susques, Rosario de Atacama
y Antofagasta de la Sierra (hoy Catamarca), conformadas mayormente por
indígenas, se dedicaban fundamentalmente al pastoreo, aunque con un alto grado
de movilidad espacial para complementar su economía. Esas actividades fueron
las que les permitieron obtener el metálico para pagar la contribución al
Fisco, cuyo cobro es uno de los ejes a través del cual se puede analizar la
presencia estatal. Esa presencia no estaría limitada al ámbito económico, sino
también se hacía extensiva al ámbito simbólico, como continuación del pacto
colonial que garantizara a los indígenas su permanencia y usufructo de las
tierras a cambio del pago de dos cuotas semestrales denominada tercio de San
Juan en junio y el de Navidad en Diciembre (DELGADO, 2003:14).
El cobro de
contribución indigenal es la fuente documental de información sobre Susques que
permite observar la vinculación entre población y el Estado boliviano, el grado
de presencia fiscal y simbólica de este último sobre el área y quizás la única
que nos aporte información sobre sus pobladores en un sector periférico y
marginal. Mientras que la abolición del tributo indigenal en el antiguo
Virreinato del Río de la Plata fue decretada por la Junta Provisional
Gubernativa en 1811 y ratificada por la Asamblea Constituyente el 12 de marzo
de 1813, dicha contribución fue mantenida en Alto Perú que era bastión del
realismo. En 1825 fue suprimida por Bolívar y restaurada por la Asamblea
Constituyente de la República boliviana de 1826.” Bolivia abolió el tributo
varias veces, aunque sólo en el papel: tan pronto como se extinguía, renacía
bajo rotulo distinto”. (DELGADO, 2003:5)
"Los indígenas poseen un
conocimiento cabal de su territorio que, aunque marginal, desierto y hostil en
el clima, es un circuito transitado – por políticos exiliados, contrabandistas
y caudillos [...] Su situación periférica, desértica y poco controlada por las
autoridades estatales, es por lo tanto un espacio ideal de acceso fronterizo a
cualquiera de las tres naciones: Bolivia, Chile o Argentina (DELGADO, 2003:13)"
Después de la
guerra, la jurisdicción sobre la Puna de Atacama pasa a ser chilena, habiéndose
nombrado en 1883, por el subdelegado militar de San Pedro de Atacama, un
Inspector a cargo de cada uno de los distritos de este Territorio. Los
distritos dependientes de la autoridad de San Pedro de Atacama eran por esta
época, Quetena (hoy, Bolivia), Rosario, Susques, Pastos Grandes, Catua y
Antofagasta de la Sierra (hoy Argentina) (SANHUEZA, 2001).
En general los
cambios de pertenencia estatal no parecen haber tenido mucha incidencia en los
indígenas puneños, más allá de las presiones, costos o beneficios que aportara el
Estado soberano de ese momento, sobre la economía pastoril y su suplemento de
movilidad espacial tradicional que excedía los espacios fronterizos que
pretendían instaurar los Estados Nacionales a sus habitantes. (DELGADO,
2003:18).
Sanhueza menciona que,
durante todo el proceso de instauración de soberanía chilena en la Puna de
Atacama, la presencia estatal nunca fue sólida ni estable, limitándose al
nombramiento de autoridades o representantes locales. Sólo al peligrar la
pretendida jurisdicción, se tomaron medidas de carácter militar, instalando
guarniciones en algunos puntos de la Puna.
"Los indígenas puneños
parecen haberse incorporado en la época chilena como peones a los grandes
circuitos comerciales de ganado mular, vacuno y caballar hacia el otro lado de
la Cordillera [Chile]. Estos arreos de animales provenían de las zonas
ganaderas de Jujuy, Salta, Catamarca o regiones más meridionales para abastecer
la demanda de carne, mercaderías y animales de carga en el desierto salitrero
(DELGADO, 2003:20)"
REFERENCIA:
Universidad de Chile Facultad de Ciencias Sociales Escuela de
Ciencias Sociales Departamento de Antropología.
PUEBLOS TRANSFRONTERIZOS EN LA PUNA DE ATACAMA:
CONECTIVIDAD DE redes En El País Más Allá de las Nubes.
Memoria para optar al título profesional de Antropólogo
Social
Ernesto Eduardo Contreras Muñoz
Licenciado en Antropología Social
Profesora Guía: Victoria Castro
2005
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2005/contreras_e/sources/contreras_e.pdf
